SURda

Venezuela

Mike González

A l´encontre, 12-6-2016  http://alencontre.org/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

La prensa mundial “descubrió” la creciente crisis en Venezuela y disfruta con las desgracias de la “revolución bolivariana”. Sin embargo, sus reportajes rara vez van más allá de las imágenes de personas pobres que reclaman alimentos. Estas fotos muestran claramente la gravedad de la situación, pero no captan la complejidad.

La crisis, tanto económica como política, pone al país al borde de una confrontación social. El reto no es sólo el futuro económico de Venezuela, sino también el futuro de los movimientos de masas en el país.

El aspecto más visible de la crisis es la escasez de alimentos básicos y medicinas. Y tiende a empeorar a medida que uno se aleja de Caracas. Los venezolanos que quieran comprar productos como el café, el arroz o semillas deben hacer largas colas cada mañana, pero los supermercados están prácticamente vacíos y tampoco se pueden obtener medicamentos básicos. El gobierno publica regularmente los precios oficiales de los productos claves. Pero esto no va más allá de la propaganda. Incluso si sucede que algunos productos se venden a precios razonables, estos terminan como todo lo demás, en el mercado negro, llamado el bachaqueo, en los que se venden en hasta 100 veces su precio oficial.

De vez en cuando el gobierno toma medidas contra la “economía paralela”, pero son más bien simbólicas.

Actualmente hay dos economías en Venezuela. En la economía formal, basada en el Bolívar, la canasta de productos básicos esenciales cuesta casi 10 veces el salario mínimo percibido por los trabajadores. El único lugar donde los venezolanos pueden aumentar el valor de su salario está en el mercado paralelo, donde se estima que alrededor del 50% de la fuerza laboral opera en la actualidad.

Los precios siguen subiendo. El año pasado, la inflación fue oficialmente 250%, pero en realidad era mucho más alta. Según las previsiones, la tasa de inflación podría aumentar hasta un 700% a finales de 2016. Está claro que algunos sectores de la población están protegidos de los peores efectos de la catástrofe económica. Militares y empleados gubernamentales tienen salarios más altos y acceden a algunos supermercados bien surtidos. Hasta hace poco, el Estado también proporcionaba protección a los barrios pobres de las ciudades -la base de apoyo tradicional del chavismo – pero eso también está colapsando.

Al costado de la economía formal, donde la mayoría de los venezolanos luchan por sobrevivir, está la economía del dólar estadounidense. Los que tienen acceso a monedas extranjeras se reúnen en los elegantes restaurantes de Caracas y conducen ostentosamente su 4×4 por las ciudades. Para ellos, la crisis es una cuestión de orden público, pero no de supervivencia.

Tanto la crisis como la creciente injusticia económica, no son solamente el resultado de las fuerzas económicas globales -sobre todo la caída de los precios del petróleo -, sino también años de corrupción, la cual ya había comenzado durante el gobierno de Chávez.

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En 2006, después de ganar las elecciones presidenciales con el 63% de los votos, Hugo Chávez anunció la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para orientar la transformación de Venezuela con nuevos programas sociales, la diversificación económica y una democracia popular. En cuestión de semanas, estas promesas convencieron a 6 millones de personas a adherirse al partido.

Sin embargo, el PSUV se convirtió inmediatamente en un instrumento de control desde arriba -la expresión política de un Estado centralizado- en lugar de la expresión de una democracia de masas populares. Así, la corrupción que Chávez prometió derrotar ha florecido en sentido contrario. Se ha escrito mucho acerca de la corrupción, pero la codicia y el beneficio individual de oportunidades, proporcionada por la escasez, sólo es una explicación parcial de este fenómeno. La falta de control popular sobre los asuntos gubernamentales contribuyó en gran medida. La concepción de Chávez de “socialismo del Siglo XXI”, la de un proceso dirigido por la base y donde permanentemente los líderes responsables debían rendir cuentas ante su base de masas, podría haber sido capaz de reducir la corrupción.

Pero este nivel de control popular nunca se ha desarrollado, lo que ha permitido que la corrupción se perpetúe. Este es un elemento clave en la crisis política que llevó a Venezuela al borde del colapso.

Los ingresos de la industria petrolera, que benefició una década de precios históricamente altos, financiaron no sólo los programas sociales que estaban en el centro del proyecto político de Chávez, sino también a la corrupción que podía sumergirlos. Las grandes obras -el sistema ferroviario, carreteras, plantas de aluminio y acero- quedaron sin concluir por falta de materiales indispensables.

Los esfuerzos por diversificar la economía, como la construcción de la refinería de azúcar de Barinas, han fallado o no iniciado, y las inversiones más importantes del Estado han desaparecido. Proyectos sociales, como el nuevo sistema de salud Barrio Adentro comenzaron a deteriorarse.

A todos los niveles, la burocracia chavista se dedicó a la especulación monetaria. A través de una sucesión desconcertante de agencias con nombres bizarros, se vendieron dólares a tasas particularmente bajas a personas que los solicitaban bajo el pretexto de la importación de alimentos y medicinas. La mayoría de los productos, o bien nunca llegaron o fueron entrando en el mercado negro a precios muy inflados. Se podía comprar un dólar frente a 10 bolívares y vender el dólar (o los productos por ese valor) a 1.000 bolívares. En octubre de 2015, un grupo de chavistas disidentes publicó una carta abierta denunciando la corrupción que se propagaba incontrolable en los escalones superiores del Estado. Los autores estimaron que al menos $ 460 millones de dólares de las ganancias del petróleo “desaparecieron” durante los años de prosperidad. Cualquiera que sea la cantidad exacta, los venezolanos tenían pruebas claras de que funcionarios del gobierno y miembros del PSUV habían lavado dinero y participado en la fuga de capitales a una escala masiva.

En diciembre de 2015, las elecciones parlamentarias pusieron de manifiesto el descontento de los ciudadanos venezolanos frente al PSUV. Mientras Hugo Chávez había obteniendo casi el 60% de los votos populares, Nicolás Maduro, ganó la presidencia con sólo el 50% en 2013. Mientras que una coalición de partidos de derecha (Mesa de la Unidad Democrática-MUD) capturó los dos tercios de la mayoría parlamentaria en diciembre.

Estos resultados no indican un apoyo popular a la derecha, sino más bien la dramática pérdida de apoyo popular del PSUV. La derecha ganó relativamente pocos votos (alrededor de 300.000), pero el chavismo perdió cerca de 2 millones debido a las abstenciones y a los votos no válidos. Fue una clara señal dada a los herederos de Hugo Chávez, pero la ignoraron.

Actualmente el PSUV tiene cerca de un millón de miembros nominales, la mayor parte de los cuales son empleados o funcionarios del Estado y líderes políticos locales. En otras palabras, el PSUV se ha convertido en un instrumento para mantener el poder político y distribuir dinero e influencia. Cualquier crítica interna se erradica de inmediato y las expulsiones se llevan a cabo de forma rutinaria. (1)

Irónicamente, la creación del PSUV ha facilitado la creación de una nueva burocracia estatal que abandona la democracia. Ahora, el poder, especialmente bajo Maduro, se da través del favoritismo y la corrupción. La nueva clase dominante descrema la economía. Se enriqueció con el petróleo y transfirió las ganancias -o los depositó en el banco- al extranjero. Ahora bien, el precio del petróleo se derrumbó, las arcas públicas están vacías y el Estado no tiene nada que ofrecer.

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Lo que es notable acerca de la crisis actual es que ni la derecha ni las fuerzas gubernamentales tienen solución para ofrecer. Desde las elecciones, la derecha ha esbozado planes de privatización de empresas estatales, la reducción de los programas sociales del PSUV (como lo hace Macri en Argentina y quiere Temer en Brasil) y pretende expulsar del poder a Maduro, para ejecutar sus proyectos. Por el momento, la derecha está focalizada en el referéndum anti-Maduro (2), pero no ofrece un programa económico coherente. Parece estar dispuesta a permitir que la situación se deteriore hasta que se vuelve insoportable, pero no -por supuesto- para la circunscripción electoral donde está representada.

Por su parte, el Estado chavista bajo Maduro anunció una serie de medidas que no apuntan a resolver la crisis, sino que son como espejos deformantes de la plataforma original de Chávez. Nuevos programas con nuevos ministerios y nuevos vicepresidentes se dedican a la creación de una nueva “economía productiva” separada de la industria del petróleo. Incluso se habla de la creación de una nueva industria del turismo. Pero sin los beneficios petroleros, el Estado está prácticamente en quiebra (peor aún si sé paga la deuda externa) y la economía productiva en realidad ha colapsado hace mucho tiempo.

Maduro llamó a los venezolanos a cultivar sus propios vegetales, pero no hizo nada para apoyar al sector agrícola destruido. No hay controles reales de cambio o precios, no hay expropiaciones, no hay intentos visibles para recuperar el control sobre la economía.

Lo único que el gobierno parece ser capaz de hacer es reprimir cada vez más a las capas populares. La Guardia Nacional Bolivariana vigila los supermercados, más para controlar a las víctimas de la crisis que para castigar a sus responsables. Además de que a menudo se ven involucrados en la corrupción y el robo.

El hecho de que Maduro haya decretado recientemente el Estado de Emergencia es una admisión de su incapacidad para responder de manera efectiva a la crisis. Pero también puede ser una motivación más cínica. De hecho, el Estado de Emergencia suspende las garantías constitucionales, eventualmente también el derecho de destituir a los funcionarios electos. Esto puede contrarrestar los intentos de la derecha de destituirlo, pero Maduro traiciona a los compromisos centrales y democráticos de la Constitución de Chávez.

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Los defensores del chavismo, especialmente aquellos que están fuera del país, dicen que nadie muere de hambre en la Venezuela de hoy. Pero sugerir que se trata de un éxito de un “país revolucionario”, rico en petróleo, es el colmo del cinismo. Ya sea que se muera o no de hambre, la pobreza que bajo Chávez se había reducido sistemáticamente está aumentando de nuevo. El gobierno dice que enfrenta una “guerra económica” y que debe movilizarse en ante una invasión inminente. Maduro establece un paralelo con Chile, donde la derecha había almacenado las reservas de materias primas como parte de su ataque contra el gobierno de Salvador Allende en 1971 y 1973.

Está claro que los capitalistas venezolanos están en el proceso de almacenamiento de mercancías, que desaparecen y reaparecen sin explicación alguna a precios cada vez más altos. También es cierto que el capital salió de Venezuela y que regresan sólo para alimentar la especulación y nunca la tan necesaria inversión doméstica.

Pero ambos lados de la división política se han beneficiado. Incluso si los políticos hablan de sus oponentes, cada vez es más difícil diferenciar entre ellos. Por ejemplo, en la actualidad uno de los vicepresidentes de Maduro para la economía, Pérez Abad, es un hombre de negocios y partidario de la economía de mercado.

Una de las más recientes decisiones del gobierno de Maduro es una traición importante a la Revolución Bolivariana. A mediados de mayo de 2016, firmó 150 contratos de arrendamiento con empresas petroleras y mineras que aún no se conocen los nombres, lo que les permite explotar la riqueza mineral de la región amazónica venezolana, “el arco de la minería”. El impacto de las operaciones mineras se puede encontrar en toda la cuenca del Amazonas: la contaminación del agua, la expulsión de los pueblos indígenas y la destrucción ambiental permanente. Es por eso que el propio Chávez había renunciado al desarrollo de esta región, donde sólo había minería en pequeña escala. La decisión de Maduro es una catástrofe ambiental y un desastre para los pueblos indígenas cuyos derechos y territorios todavía están específicamente protegidos por la Constitución Bolivariana.

Las empresas mineras son actualmente el 14% de la economía mundial. Hoy han sido re-invitadas a un país que había luchado para sacarlas hace una década.

La “revolución bolivariana” permanece en los corazones y las mentes de cientos de miles de personas para las que el chavismo representa un fuerte compromiso por el cambio y la justicia social, la redistribución de la riqueza y la resistencia contra la depredación de la globalización neoliberal. Esto es lo que Chávez propuso, y esta es la promesa que Maduro traicionó.

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Entonces ¿por qué la gente no se subleva contra una crisis económica que afecta a los pobres y a la clase media baja? Cuando en el pasado Venezuela enfrentaba exigencias similares de la economía mundial y sus instituciones, se dieron protestas masivas como en el Caracazo de 1989.

Si hay una relativa paz social, no es porque las masas no se den cuenta de la tasa de corrupción, la mala gestión de la economía o la creciente militarización de la sociedad. El equilibrio catastrófico aún se mantiene -incluso si es imposible saber hasta cuando – a causa de la lealtad residual de sectores de las clases populares a la idea y a la herencia de la revolución bolivariana.

No hay confusión alguna sobre lo que la derecha quiere: un retorno a lo peor del viejo orden. Sin embargo, el PSUV y el gobierno de Chávez ha desarmado de manera efectiva a las fuerzas que hicieron recular el intento de golpe contra Chávez en 2002 y la huelga patronal que le siguió, con una movilización de masas.

En 2002, las personas fueron objeto de su propia historia, pero hoy en día es esa clase corrupta y burocrática la que se ha apropiado, esa clase que se mezcla con elementos de las Fuerzas Armadas que utilizan su posición para su propio beneficio y en detrimento de la revolución venezolana.

El futuro comenzará cuando el movimiento de masas, que se constituye rápidamente no en el pasado, vuelva a ocupar de nuevo el escenario de la historia. Y cuando esto suceda, será para extraer lecciones -positivas y negativas- de estos años y ayudar a formatear la lucha permanente contra el capital.

* Mike González fue durante muchos años profesor de historia -en el departamento de estudios latinoamericanos- en la Universidad de Glasgow. Militante por muchos años en el Socialist Worker Party (SWP), británico, y vivió en Venezuela. El artículo fue publicado a finales de mayo en el sitio Jacobin (Estados Unidos) y traducido al francés por la redacción de A l´encontre.

Notas de A l´encontre

(1) El 10 de junio de 2016, la sede nacional de Marea Socialista -corriente socialista revolucionaria que participó en la creación del PSUV, y luego fue descartada- fue ocupada por la policía por orden de un juez, pero sin explicitar las razones. Este acto revela el creciente autoritarismo que se combina con la corrupción económica y política del PSUV.

(2) El referendo revocatorio consiguió alrededor de 1,3 millones de firmas. La recolección de firmas es el primer paso. El segundo: Los firmantes deben estampar sus huellas digitales en una de las 24 sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre el 20 y junio 24. La tercera: el CNE evaluará las huellas digitales con máquinas biométricas hasta el 23 de julio. La cuarta: aportar 4 millones de firmas para el procedimiento de “avance”. Ahora, el “momento” es importante. Si la consulta no tiene lugar antes del 10 de enero de 2017, ello implicaría que el remplazo del presidente por el vicepresidente, sería al final de 2019. Y Maduro ha anunciado que el referéndum no se hará 2017!

Tomado de: https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/2016/06/16/venezuela-maduro-y-la-revocacion-del-chavismo/